La administración Trump dio el pistoletazo de arrancada. Tribunales y
jueces andan expectantes ante la previsible avalancha de casos. La
jauría miamera se alebresta. El capítulo III de la ley Helms-Burton
ha entrado en vigor con toda su carga de odio, irracionalidad y
extraterritorialidad imperial. La Ley Garrote o Ley de la Esclavitud se
planta amenazante ante el mundo.
El primer caso abierto en tribunales no carece de
simbolismos. Arremete contra la industria de cruceros, que ha crecido
extraordinariamente en los últimos años en cantidad de viajes a Cuba.
Limitar, conculcar, prohibir los viajes a Cuba es una obsesión del
gobierno estadounidense y sobre todo de la ultraderecha anticubana. Lo
fue antes, y lo es ahora mucho más.
Según las agencias noticiosas, la empresa de cruceros Carnival
fue demandada este jueves en los tribunales federales de Miami por el
uso de instalaciones portuarias en Cuba que después de la revolución de
1959 fueron nacionalizadas o expropiadas.
Las primeras demandas fueron interpuestas por Javier García
Bengoechea, un médico que emigró hace 59 años, quien dice ser el
“legítimo propietario” del puerto de Santiago de Cuba, y el
estadounidese residente en el Reino Unido Mickael Behn, cuya familia
originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el
puerto habanero hasta que le fue nacionalizada.
El abogado de los demandantes dijo que sus clientes “tienen derecho” a
una compensación equivalente al triple del valor actual de esas
propiedades en el mercado.
La arremetida contra Carnival y otros grupos de la industria de
cruceros ya había sido anunciada por el terrorista Orlando Gutiérrez
Boronat, uno de los mayores receptores de los fondos subversivos de la
NED, quien el pasado 16 de abril había anunciado que la activación del
Título III tendría consecuencias graves en las compañías de cruceros
estadounidenses que “invierten en los muelles de La Habana o Santiago”.
“Lo que no es de recibo”, había dicho el camaján Gutiérrez, es que estas
empresas de cruceros “hagan negocio con el régimen cubano pagándole a
este directamente”.
Según El Nuevo Herald, los dos demandantes iniciales
pretenden extender su demanda hacia otras compañías de cruceros. La
danza de los millones ha comenzado a ejecutarse con partitura de
ilegalidad.
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| El Carnival Paradise en el puerto de La Habana. Foto: Deny Extremera / Cubadebate |
Otros que se frotan las manos
Los medios de Miami y otros alineados a las políticas anticubanas han propagado con fruición en estos días otras probables demandas que se preparan.Los descendientes de un tal Rafael Lucas Sánchez Hill dicen que reclamarán “una compensación adecuada” por los hoteles que se explotan en más de 40 mil hectáreas al norte de Holguín que supuestamente le pertenecían al finado.
José Ramón López, residente en España e hijo de José López Vilaboy se dice propietario por herencia del Aeropuerto Internacional “José Martí” y de Cubana de Aviación, por los que reclamará “cifras bastante voluminosas” según declaró a un programa de la TV miamera. López agradeció a Trump y su equipo por haber hecho realidad que “después de 60 años se haga justicia”.
Otro medio habla de la posible reclamación de los ex-dueños de la playa El Salado, situada al oeste de La Habana.
Pronto se espera el show judicial de Nicolás (Nick) Gutiérrez, el presidente de la llamada Asociación de Hacendados Cubanos en Estados Unidos, uno de los abogados que se sumó a la redacción de la Helms-Burton de la mano de Bacardí. Gutiérrez, bisnieto del empresario de origen español Nicolás Castaño Capetillo, y cuya familia tuvo importantes vínculos con Batista, reclama dos ingenios azucareros, fincas para la cría de ganado, un banco y una compañía de seguros, entre otros activos. Aunque si uno lo oye hablar se cree que es el dueño de casi todo Cienfuegos.
Uno tras otro saldrán nuevos reclamantes a la palestra. Es lo que persigue la decisión de la Casa Blanca: magnificar, amenazar, asustar. La Subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Kimberlay Breier, declaraba a la prensa el pasado 17 de abril: “…la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras (Foreign Claims Sttlement Comission) -que es una agencia independiente del departamento de Justicia- ha certificado cerca de 6 000 reclamos de bienes confiscados en Cuba, por un valor total de cerca de US$ 2.000 millones. Con intereses, creemos que ese valor es cercano a los US$ 8.000 millones. La estimación más reciente que tenemos, que corresponde a 1996, cuando se promulgó la ley, es que podría haber hasta 200 mil reclamos no certificados, que no certificó la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras, y ese valor podría ascender a decenas de miles de millones de dólares”.
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